El 6 de diciembre de 1978 el pueblo español ratificó la Constitución con una amplia mayoría. Nacía la Carta Magna que tendría que regir la voluntad de la recién nacida democracia tras cuatro décadas de dictadura franquista.
El entusiasmo de hace 34 años se ha tornado en desconfianza. La Constitución está cada días más cuestionada y buena parte de la población ve como papel mojado sus 169 artículos. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) deja claro esa distancia entre la sociedad y la Ley de leyes, dos tercios de la población está “poco” o “nada” satisfecha con el funcionamiento democrático del país y la mitad opina lo mismo de la Constitución.
Veamos alguno de los artículos más controvertidos y que pueden explicar la desconfianza ante la Carta Magna…
Artículo 2. La soberanía popular reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado.
El puro nacimiento de movimientos como el 15M y el lema “que no, que no, que no nos representan” marcan la distancia con este artículo. Los llamados poderes del estado, representados por políticos están cada día en más entredicho. La democracia se resiente y la soberanía popular consistente en votar cada 4 años está en entredicho. A ello también contribuye que algunas formas de representación como la Iniciativa Popular Legislativa (ILP) no tengan éxito, de hecho de las 91 que han llegado al Parlamento, solo se ha tomado en consideración una.
Artículo 3.2. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Ni el pueblo gallego, ni Catalunya, las Islas Baleares, el País Valenciano o Euskadi, sienten su lengua propia como respetada o protegida. La frase del ministro de educación José Ignacio Wert asegurando que había que “españolizar a los escolares catalanes” y su propuesta de reforma educativa que margina la inmersión lingüística, poco hace por preservar ese patrimonio cultural.
Artículo 13.1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
En España hay ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), unas cárceles donde se encierra a inmigrantes que no tienen regularizada su situación en el país y donde pueden estar hasta 60 días. Además son continuas las redadas por motivos de piel que incluso ha sido denunciadas por la misma policía.
Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. [Ver artículo 13.1].
Pero es que además el sexo sigue siendo un motivo de discriminación en el país. La brecha salarial entre hombres y mujeres en España es de las más alta de la UE, según UGT, la ganancia media anual femenina supone el 78,1% de la masculina.
Artículo 16.3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
La Iglesia Católica sigue siendo la única que mantiene un Concordato con el gobierno. Este acuerdo que se firmó en 1979 como prolongación del de 1953, concede prebendas a la Iglesia en materia fiscal y establece un periodo de tres años para que ésta se autofinancie. En cambio, a día de hoy se sigue sosteniendo económicamente por la vía de los presupuestos generales del Estado. Asimismo, en el terreno educativo, la asignatura de religión únicamente habla de la religión católica y además los profesores, que elige la propia Iglesia, están pagados por el estado.
Artículo 21.1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa y 21.2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
La aparición del movimiento 15M, la reacción ante los recortes y la toma de las calles por parte de la ciudadanía ha hecho que el gobierno reaccione decretando leyes que “modulen” el derecho de reunión y manifestación. Además, las brutales cargas policiales contradicen estos dos artículos y limitan estos derechos.
Artículo 27.1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
El desmesurado aumento de las tasas universitarias y la financiación de colegios concertados y privados, unido a la disminución de las ofertas de plazas en la escuela pública, hacen muy difícil creer en el derecho universal a la educación, al menos de forma gratuita y universal.
Artículo 31.2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
Los recortes y la obsesión por el déficit chocan frontalmente con esos “criterios de eficiencia y economía”. Controlar el gasto, aún desmantelando el estado del bienestar, está muy por encima de la necesidad de una asignación equitativa de los recursos públicos, los bancos han ganado la partida frente a otras necesidades sociales.
Artículo 35.1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Un total de 4.907.817 personas no pueden ejercer este derecho. A ellas hay que añadir los centenares de miles que no tienen una “remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. Hace ya tiempo que este artículo es solo papel mojado o pura retórica.
Artículo 43.1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
Los médicos madrileños están ahora mismo luchando por ese derecho. La salud pública está en peligro, los inmigrantes ya han salido del sistema de protección universal y la sombra del repago está en un horizonte cercano. Ya se ha traspasado una línea roja y es que los pensionistas comienzan a pagar parte de sus medicamentos. Y aún parece que queda mucho más por venir y no bueno precisamente.
Artículo 44.1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
La subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 8 al 21 por ciento en las entradas a cines teatros, circos, conciertos y exposiciones ha dejado tocado al sector. España es el país con un IVA cultural más alto, Francia tiene el 5,5%, Alemania el 7%, Italia el 10% y Portugal o Grecia el 13%. Así ni se promueve, ni se tutela el acceso a la cultura, todo lo contrario.
Artículo 44.2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la inversión en investigación y desarrollo (I+D+i) cayó un 2,8 por ciento el año pasado. El porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que España dedica a ciencia cae al 1,33%, la media europea es el 2 por ciento.
Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Es muy difícil comentar este artículo que se viene abajo por sí mismo. Solo una cifra, cada día se producen medio millar de desahucios en España, medio millar de familias que se quedan en la calle sin su vivienda digna y adecuada.
Artículo 56.3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.
Con Urdangarín a las puertas del juicio oral por apropiarse, presuntamente, de dinero público, la Casa Real está en el punto de mira de la sociedad. Las cacerías y sus fotos con empresarios de dudosa honorabilidad ponen en cuestionamiento esa inviolabilidad y comienzan a oírse voces que le exigen responsabilidades más allá de un discurso al año.
Artículo 128.1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Se comenta por sí mismo. Privatizaciones de servicios públicos como el agua, de empresas públicas, dinero para recapitalizar los bancos, evasión de impuestos, paraísos fiscales… la riqueza en este país no está subordinada a nada, y menos al interés general.
A esto hay que añadirle el último atentado:
Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Lo último que se esperaba. Un ataque en la línea de flotación a los abuelos.
¿Para que queremos esta Constitución si no la respeta nadie?
